A pesar de los intentos de las Administraciones Públicas y de las empresas por imponer el formato electrónico, los consumidores siguen prefiriendo el formato papel frente al introducido por las nuevas tecnologías. Así se desprende de los datos tras una encuesta de 1300 personas que ha realizado FUCI durante los meses de junio y julio en todo el territorio nacional.
Concretamente el 67,4% de los encuestados prefieren recibir las facturas en papel y además otro 15,7% desea recibirla en ambos formatos –papel y electrónico-. Gracias a la encuesta se refleja además que uno de cada cinco consumidores ha tenido algún problema a la hora de elegir el tipo de factura que recibe.
El sondeo de opinión refleja diferentes comportamientos de consumo de Internet –y por lo tanto de aceptación de las nuevas facturas- dependiendo de la edad y del sexo del encuestado. Así son los hombres más jóvenes los más predispuestos a este tipo de facturación puesto que son los más adaptados a las nuevas tecnologías y los que menos costumbre tienen de almacenar papel.
Sin embargo ni siquiera los jóvenes aceptan el hecho de que las empresas unilateralmente elijan la facturación electrónica en lugar del papel. La encuesta refleja que el 75% de los consultados prefieren que la empresa les pregunte y ellos puedan decidir si la reciben en uno u otro formato. Es más, el 20% de los preguntados quieren ser los que le pidan a la empresa el cambio. Lo que nadie quiere –no alcanza ni el 5%- es que no se le pregunte por dicho cambio.
Actualmente el Gobierno está dando preferencia –por lógicas económicas- a la factura electrónica frente a la factura en papel como bien se muestra en el nuevo Proyecto de Ley de impulso a la factura electrónica, un proyecto inicialmente dirigido a las Administraciones Públicas pero al que se le ha introducido el artículo 2.bis perjudicial para los consumidores.
“Actualmente vemos como el consumidor está obligado de facto a aceptar la factura electrónica. Podemos observar alguna compañía telefónica que cobra la factura en papel en las nuevas tarifas. Esta medida pone en riesgo la libertad de elección del consumidor, que sea por una u otra razón sigue prefiriendo la factura en papel” asegura el presidente de la Federación, Gustavo Samayoa.
A propósito del cobro por factura, el Instituto Nacional de Consumo, en una nota informativa del pasado 1 de agosto ha expresado que el cobro por la emisión de facturas en papel constituye una práctica abusiva de conformidad con el texto refundido de la Ley General de Defensa de los consumidores y usuarios.
A día de hoy se han producido muchos casos en los que, o al consumidor se le ha informado del cambio de forma que si no dice lo contrario le comienza a llegar en formato electrónico, o directamente con nuevos contratos debe aceptar dicho formato o se le cobra por el envío en el formato tradicional, el papel.
“Nosotros no estamos a favor ni de uno ni de otro formato, estamos a favor de que el consumidor y usuario decida libremente la forma que le resulte más cómoda y segura, simplemente estamos a favor de su libertad de elección, no de imposiciones” recalca el presidente.
Actualmente el grueso de las razones para elegir el formato papel lo conforman la comodidad en la lectura, la fiabilidad y seguridad, la costumbre y el hecho de no tener que estar pendiente de Internet. Aquellos que prefieren el formato electrónico principalmente lo hacen por motivos ecológicos así como por ahorro de papel y espacio.
Los mayores problemas de la facturación electrónica frente al papel –a parte de la costumbre la cual debería ir disminuyendo con el tiempo- es que el consumidor siente inseguridad frente a este formato. Prefiere guardar las facturas en un archivador por si hubiera cualquier imprevisto y además no es tan consciente del momento en el que recibe la factura.
Algo que si contempla la nueva legislación –sobre la que solicitamos modificación- es la posibilidad de poder consultar las facturas por medios electrónicos aunque se haya resuelto el contrato con la empresa o revocado su consentimiento para recibirlas electrónicamente. Un hecho que hasta ahora las empresas no hacían por ahorrar costes y dificultades con la Ley de Protección de Datos.
Sin embargo si que apelamos a los distintos grupos parlamentarios, y especialmente al Gobierno a que modifique el Proyecto de Ley para dar mayor seguridad a los consumidores y usuarios. De esta forma le demandamos que el consentimiento deba ser siempre expreso para la recepción de facturas electrónicas y que en ningún caso se pueda cobrar por uno u otro formato.
“Lo que se debe demandar a las empresas es que informen al consumidor para que le den la libertad de elegir. Entendemos que los costes son menores para las empresas, y que para las relaciones de facturación con las Administraciones se de prioridad a la forma telemática, pero hoy en día ni todos los consumidores tienen acceso a Internet ni aunque lo tengan quieren depender de él para estar pendiente de sus facturas. Y deben ser las Administraciones Públicas las que se ocupen de defender los intereses de los usuarios.” Afirma Gustavo Samayoa.