Desde la Federación de Usuarios y Consumidores Independientes FUCI queremos hacer un llamamiento para que los consumidores celebren su día reivindicando sus derechos como consumidores y además con la conciencia de que, si bien somos un país con una buena protección, aun nos quedan muchas tareas pendientes.
La reforma energética.
Se trata de la enésima reforma que nunca llega a buen puerto ni redunda por ahora en beneficio de los consumidores. Para el Presidente de la entidad, Gustavo Samayoa, supone “otro palo más a las familias puesto que la reforma penaliza el ahorro energético, el autoconsumo y dificulta aun más la comprensión de la factura con la introducción de la nueva fijación de tarifas” –finalmente aplazada al 1 de junio por los problemas que va a derivar-.
Y es que precisamente la reforma llevada a cabo, continúa con la senda de la mala política energética de la última década en la que la factura ha aumentado en más de un 70% para el consumidor. En la última reforma se ha decidido apostar por eliminar el ahorro energético de la lista de tareas. Así pues se ha eliminado el autoconsumo –imponiendo penalizaciones excesivas a quien se instala energías renovables- y se ha fomentado la cultura del despilfarro energético gracias a la subida de la parte del término de potencia reduciendo el precio del consumo. Lo que obviamente hace que en términos relativos la parte de consumo sea ínfima en relación con el resto y que por lo tanto desincentive el ahorro energético. En su momento se justificó con que se beneficiarían las familias numerosas –ya que penaliza menos el consumo- sin embargo éstas ya están cubiertas por el bono social y suponen una minoría numérica en España en detrimento de familias con uno o dos hijos.
Y además, para rematar la confusión de los consumidores, se está estudiando la sustitución de la subasta –la denominada CESUR que establecía los precios de la energía- por un sistema que sólo puede beneficiar a aquellos que tengan contador inteligente, cuyos números no están claros a tenor de lo dispuesto por la CNMC.
“La idea nos parece adecuada, pero para un futuro y para ir implantándola poco a poco y con la tecnología necesaria, en el momento actual se trata de facturar de forma confusa, incomprensible y de forma que va a generar muchos problemas a los consumidores. Quizá la medida hasta poder implantar ese sistema sea realizar una subasta en la que no intermedien –como hasta ahora- entidades especulativas que nada tienen que ver con la electricidad” sentencia el Presidente de FUCI.
Reforma de la Ley General para la Defensa del Consumidor y Usuario.
El Gobierno ha planteado una reforma que mejora los derechos de los consumidores en diferentes ámbitos y que será de aplicación próximamente.
Esta actualización de la Ley regulará entre otros puntos el uso y publicidad de cigarros electrónicos que contienen nicotina, el spam telefónico que estará prohibido desde las 21:00 hasta las 09:00 horas así como en fines de semana y días festivos. Además la oferta comercial realizada por teléfono deberá hacerse desde un número identificable y deberá ofrecerse la opción de manifestar su oposición a recibir nuevas ofertas.
Además con la entrada en vigor de esta ley, las facturas por servicios contratados a una compañía deberán emitirse siempre en papel, sólo podrán ser electrónicas cuando el consumidor dé su consentimiento expreso. Igualmente cuando un contrato telefónico sea indeterminado o se prolongue de forma automática, la compañía estará obligada a informar al consumidor de los compromisos de permanencia y exclusividad que implican sus servicios. Además, deberá indicarse la penalización en caso de que el usuario se dé de baja.
Igualmente la Ley pretende mejorar aspectos como el derecho de desistimiento –que pasa de 7 a 14 días naturales- así como establecer la obligatoriedad de contrato escrito –ya sea en papel o electrónicamente- para contrataciones telefónicas.
Sin embargo desde FUCI continuamos reclamando la Ley de Servicios de Atención al Cliente paralizada desde hace años y que redundaría en un verdadero beneficio al consumidor.
Campaña contra el desperdicio alimentario del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Se trata de una iniciativa a la que nos hemos sumado prácticamente la totalidad de agentes económicos involucrados en la cadena alimentaria. El objetivo es claro: reducir el desperdicio alimentario en España que anualmente alcanza las 8 millones de toneladas causando un grave perjuicio económico, social y ambiental.
Según la FAO un tercio de los alimentos producidos en el mundo termina siendo desechado por lo que es muy importante la concienciación ciudadana en este aspecto. Así pues durante el último año desde FUCI nos hemos sumado a la estrategia del Ministerio “Más alimento, menos desperdicio” y cuyos resultados ya comienzan a verse pues se ha aumentado la recogida de alimentos para quien más lo necesita, se ha aumentado la formación e información al consumidor con multitud de campañas y se han comenzado a realizar actuaciones tan diversas como acostumbrar al consumidor a llevarse la comida sobrante de un restaurante, planificar las compras o menús, o aprovechar mejor las sobras de las comidas.
Durante este último año ha aumentado el Índice de Confianza del Consumidor –ICC-.
Se trata de un fuerte avance en este índice que refleja la confianza del consumidor y las expectativas económicas presentes y futuras. En el último año –con datos del mes de febrero- se ha mejorado en más de 20 puntos el ICC situándose en 71.5 puntos, cuando se considera que a partir de 100 puntos es ser optimista.
Igualmente el Indicador de Situación Actual y el Indicador de Expectativas han mejorado 23 y 19 puntos hasta situarse en 55 y 88 respectivamente. Esto hace que nos situemos a niveles muy superiores que en los de los peores años de la crisis y muestren cierta esperanza sobre la mejora de la situación económica.
Grandes puntos negros que aun deben ser corregidos.
Durante el último año se han seguido cometiendo graves abusos por parte de las compañías telefónicas –que aglutinan el grueso de las reclamaciones- con problemas de toda índole pero especialmente en cuanto a facturación se refiere –por inaplicación de ofertas relacionadas con la integración de los servicios de telefonía móvil, fija y ADSL- o por la mala instalación de fibra óptica con la eliminación del cable de cobre reduciendo la posibilidad de competencia por los costes de volver a instalar ADSL por otra compañía.
Además se siguen apreciando graves abusos por parte de las compañías en la aplicación de penalizaciones por cancelaciones de permanencias injustificadas, desproporcionadas y abusivas. Igualmente continúan sin informar correctamente al consumidor sobre sus condiciones contractuales pues raramente se consigue acceder al contrato.
Para Gustavo Samayoa “el mayor problema es que no se aplica ningún tipo de sanción coercitiva a las compañías que además utilizan las OMIC y las Juntas Arbitrales de Consumo como órganos de resolución de sus propias reclamaciones para evitarse el gasto en un servicio de atención al cliente adecuado. ¿La solución? Que la Administración cobre a las empresas por cada reclamación que tramiten”.